¿Quién cuida al Presidente?

Un gobierno puede aprobar leyes, cumplir buena parte de su programa y, sin embargo, debilitar políticamente a su Presidente.

El asunto adquiere especial relevancia en Chile por el carácter presidencialista de nuestro régimen. Cuando un ministro comete reiteradamente errores políticos, cuando los integrantes del gabinete transmiten mensajes contradictorios, cuando los asesores presidenciales no anticipan conflictos previsibles, cuando desde el partido de gobierno se envían señales equivocadas o cuando la comunicación gubernamental convierte una decisión razonable en una controversia innecesaria, el daño no queda circunscrito a quienes se equivocaron. Termina inevitablemente alcanzando al Presidente.

El Gobierno ha demostrado una capacidad legislativa superior a la que muchos anticipaban. Ha conseguido acuerdos, ha impulsado proyectos relevantes y ha sorteado dificultades políticas importantes. Sin embargo, esos logros conviven con otra realidad menos alentadora: ministros que parecen actuar sin suficiente coordinación, mensajes públicos que se contradicen, asesores que no anticipan los costos políticos de determinadas decisiones y una estrategia comunicacional que, con demasiada frecuencia, transforma un éxito en una controversia y es incapaz de explicar adecuadamente el sentido de la acción gubernamental. Así, los logros objetivos quedan oscurecidos por polémicas secundarias, declaraciones inoportunas o disputas internas que nunca debieron convertirse en asuntos públicos.

No son errores menores. En política, la forma de comunicar también gobierna. Cada declaración desafortunada, cada rectificación improvisada, cada diferencia ventilada públicamente o cada explicación tardía termina siendo atribuida al Presidente. En un régimen presidencialista no existen compartimentos estancos.

Toda comunidad política existe en función de un fin compartido. Un gobierno también constituye una comunidad de acción. Sus integrantes no ocupan simplemente cargos distintos dentro de una administración. Participan de una misma tarea: conducir el país bajo la dirección de quien los ha convocado para servir a un propósito común: Chile.

Por eso ministros, subsecretarios, asesores y equipos de comunicaciones no son proyectos personales que circunstancialmente coinciden en La Moneda. Cada uno administra una parte de la autoridad presidencial. Cada intervención pública puede fortalecerla o debilitarla. Cada decisión debe preguntarse no solo si es técnicamente correcta, sino también si contribuye a consolidar la conducción política del Presidente.

Aquí aparece una virtud política actualmente poco mencionada: la lealtad. La lealtad no consiste en la obediencia ciega ni en el silencio complaciente, tampoco significa ocultar errores o renunciar al juicio crítico. La verdadera lealtad exige precisamente lo contrario: advertir oportunamente los riesgos, decir aquello que el Presidente necesita escuchar y evitar que quede innecesariamente expuesto. El colaborador leal no busca protagonismo propio, comprende que su responsabilidad consiste en fortalecer la institución que sirve antes que su propia imagen pública.

Cicerón llamaba fides a esa forma de fidelidad que hace posible toda comunidad política. No se trataba de una actitud sentimental, sino de un compromiso con la palabra dada y con las responsabilidades asumidas. Algo semejante ocurre en un gobierno. La primera obligación de quienes rodean al Presidente consiste en cuidar la autoridad que les ha sido confiada no porque, pertenezca a una persona, sino porque, constituye un bien institucional del país.

Chile no necesita ministros silenciosos ni asesores complacientes. Necesita colaboradores conscientes de que forman parte de una misma empresa política. La coordinación no es un asunto meramente administrativo, es una virtud de gobierno. La buena comunicación de gobierno no consiste únicamente en explicar decisiones consiste, sobre todo, en fortalecer la confianza pública en quien tiene la responsabilidad de conducir la nación.

Conviene recordarlo especialmente en tiempos de alta polarización. Las redes sociales premian el protagonismo individual. La exposición mediática parece transformarse fácilmente en capital político. Sin embargo, dentro de un gobierno ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más buscan algunos construir una identidad propia al margen de la conducción presidencial, mayor termina siendo el desgaste de la autoridad común, y un Presidente cuya autoridad se debilita dispone de menos capacidad para conducir y gobernar.

Cada ministro habla inevitablemente desde una autoridad que en alguna medida le ha sido delegada, cada asesor cercano administra también una pequeña parte del capital político presidencial, utilizarla de modo poco responsable no constituye solo una equivocación comunicacional, porque puede convertirse en una forma de imprudencia institucional.

Por eso, cuando ministros, asesores y responsables de comunicaciones actúan como compartimentos separados, el problema termina siendo presidencial. Una administración puede sobrevivir a numerosos errores técnicos; difícilmente puede hacerlo durante mucho tiempo si erosiona constantemente la autoridad que debe darle unidad.

De ahí una pregunta que debería acompañar diariamente a quienes ingresan a La Moneda. ¿Esta decisión fortalece o debilita la autoridad presidencial necesaria para gobernar?

Porque alguien debe cuidar al Presidente. No solo para proteger a la persona que transitoriamente ocupa el cargo, sino para cuidar la Presidencia de la República que representa. Y los primeros obligados a hacerlo son precisamente aquellos a quienes el Presidente ha confiado la responsabilidad de colaborar con él en el gobierno.

Santiago del Nuevo Extremo, 21 de agosto del 2026