Libertad y seguridad: una falsa oposición

¿Cuánta libertad estamos dispuestos a ceder para vivir más seguros? La discusión ha reaparecido estos días en Chile con ocasión del debate sobre los estados de excepción, pero la cuestión trasciende con mucho la contingencia. Desde hace siglos acompaña a la filosofía política y, sin embargo, suele formularse sobre un supuesto equivocado: que la libertad y la seguridad son bienes enfrentados y que el crecimiento de uno exige necesariamente el sacrificio del otro. Quizá la pregunta deba plantearse de otra manera, porque las grandes comunidades políticas nunca nacieron para obligar a elegir entre libertad y seguridad, sino para hacer posible un bien superior: una convivencia en paz.

La libertad y la seguridad no son conceptos rivales. No lo son porque pertenecen a órdenes distintos de la realidad humana. La libertad constituye un bien propio de la persona, no es una concesión del Estado ni un permiso otorgado por la ley; brota de la dignidad misma del hombre, es su capacidad para autodeterminarse responsablemente y orientar su vida hacia el bien. La seguridad, en cambio, pertenece al ámbito de los bienes exteriores; no habita en el interior de la persona, sino en las condiciones políticas y sociales que permiten a esa libertad desarrollarse sin quedar sometida a la violencia, al miedo o a la arbitrariedad. Una pertenece al ser del hombre; la otra, al orden de la ciudad.

Advertir esta distinción permite disipar un equívoco que reaparece una y otra vez. Una sociedad insegura no hace más libres a sus ciudadanos. El miedo altera profundamente la conducta humana: quien teme modifica sus recorridos habituales, limita sus horarios, sospecha del extraño, deja de ocupar los espacios comunes y termina organizando su existencia alrededor de aquello que procura evitar. Poco a poco, la violencia consigue aquello que ninguna ley legítima debería provocar: estrechar el horizonte de la libertad. La inseguridad no amplía las posibilidades de la persona; las reduce silenciosamente.

La política no tiene como finalidad exclusiva impedir el desorden, sino crear las condiciones para que los hombres puedan vivir conforme a su dignidad. El republicano Cicerón consideraba que la república pertenece verdaderamente al pueblo cuando este se encuentra unido por el derecho y por un bien compartido; así, el orden político no encuentra su legitimidad en la acumulación de poder, sino en el servicio que presta a la vida común. La seguridad forma parte de ese servicio. No constituye el fin de la ciudad, sino una de las condiciones que permiten a la libertad desplegarse plenamente.

Por eso resulta insuficiente identificar la seguridad únicamente con la capacidad coercitiva del Estado. Las leyes son necesarias, también lo son las policías, los tribunales y las instituciones encargadas de proteger el orden público; sin embargo, la seguridad encuentra su expresión más acabada en el ethos del espacio público, en esa atmósfera social que una comunidad política va configurando lentamente y que termina reflejándose en la fisonomía de sus ciudades.

Una plaza cuidada, calles limpias e iluminadas, jardines mantenidos, comercio de barrio, niños jugando, adultos mayores caminando con tranquilidad, iglesias abiertas, escuelas vivas, fachadas conservadas y vecinos que se saludan forman parte de una realidad que rara vez asociamos con la seguridad y, sin embargo, constituyen una de sus expresiones más profundas. La belleza no es un lujo urbano, también cumple una función política. Allí donde el espacio común transmite cuidado, transmite igualmente la certeza de que alguien se siente responsable de él. Y donde existe esa responsabilidad compartida comienzan a despuntar los primeros brotes de confianza.

Rafael Alvira ha sostenido que la ciudad no puede reducirse a una organización funcional destinada a administrar intereses individuales. Es, sobre todo, el lugar donde las personas aprenden a convivir. Esa convivencia no se sostiene exclusivamente sobre normas jurídicas, sino sobre vínculos de confianza que hacen posible la cooperación cotidiana. En realidad, es precisamente la confianza el gozne que mantiene unidas la libertad y la seguridad.

Una persona libre necesita confiar razonablemente en que el orden político protegerá sus derechos fundamentales sin invadir indebidamente el ámbito propio de su intimidad vital. Del mismo modo, una comunidad política segura necesita confiar en sus ciudadanos, evitando convertir toda relación humana en un sistema permanente de vigilancia y sospecha. Allí donde desaparece la confianza, ambos bienes comienzan a deteriorarse simultáneamente: la libertad se vive como amenaza para el orden, y la seguridad comienza a justificarse mediante un poder cada vez más expansivo.

Fue Thomas Hobbes quien dio una formulación sistemática a esta ruptura; pues, como postuló que el miedo constituye el fundamento de la convivencia, entonces la seguridad debe convertirse en el principio supremo del orden político. Desde ese momento, la libertad deja de ser un bien originario de la persona para transformarse en una concesión del soberano. El poder ya no protege una libertad previa; la distribuye, la administra y la limita según las necesidades de la seguridad. Allí comienza una lógica que, llevada hasta sus últimas consecuencias, termina justificando la expansión indefinida del poder político. Hobbes no resolvió la tensión entre libertad y seguridad; sacrificó la primera en beneficio de la segunda.

Rousseau recorrerá un camino diferente, aunque llegará a una dificultad semejante. En reacción contra el poder absoluto, identificará la verdadera libertad con la obediencia a la voluntad general. Sin embargo, cuando esa voluntad colectiva adquiere un carácter absoluto, las libertades concretas de las personas terminan subordinadas a una abstracción política que también puede absorberlas. Si Hobbes absolutiza la seguridad, Rousseau absolutiza una determinada idea de libertad. Ambos olvidan que la persona posee una dignidad anterior al poder y que el bien común jamás puede vivirse anulando aquello que pretende proteger.

Pierre Manent ha sostenido que la libertad humana siempre se desarrolla dentro de una comunidad política concreta; en la ciudad, “la más política de las formas políticas”. No vivimos suspendidos en el vacío. Tenemos una historia, una lengua, unas instituciones y unas costumbres que hacen posible nuestra vida compartida. Esa pertenencia no disminuye la libertad; le ofrece un hogar. Del mismo modo, la seguridad deja de ser una mera cuestión policial cuando una comunidad conserva la conciencia de que el espacio común también le pertenece y, por tanto, merece ser cuidado.

Tal vez por eso las sociedades más libres no son aquellas donde el Estado prácticamente desaparece ni aquellas donde pretende regular cada aspecto de la existencia. Son aquellas donde la confianza esplende con naturalidad entre gobernantes y gobernados, entre vecinos, comerciantes, profesores, familias y autoridades. Allí la ley promulgada por la autoridad es percibida como justa; la libertad no se confunde con el individualismo, y la seguridad no necesita convertirse en un instrumento de control permanente.

La política pierde su rumbo cuando absolutiza alguno de estos bienes. Una seguridad elevada a criterio supremo termina erosionando la libertad hasta vaciarla de contenido. Una libertad entendida como emancipación de todo orden acaba debilitando las condiciones mismas que permiten ejercerla. La tendencia a absolutizar los bienes de la libertad y la seguridad, aunque parezcan opuestos, termina encontrándose: ambos producen desconfianza, fragmentación y deterioro de la vida común.

La auténtica tarea de la política consiste en mantener la armonía entre ambos bienes, porque ambos se ordenan a la persona y ambos encuentran su medida en el bien común. Cuando esa armonía existe aparece un fruto que supera a los dos sin reemplazarlos: la paz. No la simple ausencia de conflictos, ni el silencio impuesto por el miedo, sino esa agustiniana tranquilidad en el orden que la tradición clásica reconoció como uno de los mayores bienes de la comunidad política. Una paz que permite caminar por las calles sin temor, abrir un negocio con esperanza, educar a los hijos con serenidad y conversar con quien piensa distinto sin convertirlo en un enemigo.

Tal vez ese sea, finalmente, el mejor criterio para juzgar la salud de una república. No preguntarse únicamente cuánta libertad garantiza o cuánta seguridad ofrece, sino si ambas se encuentran ordenadas de tal modo que hagan posible una vida verdaderamente humana; porque cuando la libertad encuentra protección sin dejar de ser libertad, cuando la seguridad conoce sus límites sin renunciar a su deber y cuando la confianza vuelve a vivificar las plazas, los barrios y las instituciones, la ciudad comienza a recuperar aquello para lo que fue fundada desde sus orígenes: ser el lugar donde los hombres puedan vivir juntos, libres, seguros y en paz.

Diario El Nacional, 30 de agosto de 2026
https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/libertad-y-seguridad-una-falsa-oposicion/