Diagnóstico inicial
La redacción del texto, surge de la lectura de tres autores que han dedicado su labor de investigación a la comunicación gubernamental y que son citados al final del escrito.
El gobierno enfrenta un problema comunicacional que no parece reducirse a errores aislados, sino a una cuestión de arquitectura. Un ejemplo: la polémica por el oficio de la Dipres sobre eventuales ajustes o reformulaciones de programas públicos, incluyendo alimentación escolar, produjo críticas no solo desde la oposición, sino también desde sectores del propio oficialismo. La explicación del ministro de Hacienda, fue presentada como una comunicación interna mal interpretada, pero el episodio instaló la idea de desorden, falta de sensibilidad política y deficiente coordinación comunicacional.
El problema central no es que el Gobierno “comunique poco” o “comunique mal” en términos superficiales. El problema es que la comunicación gubernamental debe operar como una función directiva, profesional y estratégica. Diversa autoras proponen un marco de desarrollo para comunicadores públicos donde la comunicación no es solo emisión de mensajes, sino planificación, análisis de entorno, segmentación, coordinación, competencias profesionales, evaluación y contribución directa a los objetivos institucionales.
El Gobierno tiene una fortaleza evidente, pues posee un relato político nítido, asociado a reconstrucción, orden, austeridad, crecimiento, seguridad y eficiencia del Estado. El propio Gobierno ha presentado el Plan de Reconstrucción Nacional como un conjunto de medidas, con baja de impuestos, eliminación del IVA a la vivienda nueva e incentivos al empleo. Sin embargo, esa fortaleza se debilita cuando la ejecución comunicacional transforma una agenda de reconstrucción en una discusión sobre recortes, improvisación o amenaza a beneficios sociales. El Plan de Reconstrucción no puede comunicarse solo como rebaja tributaria, inversión o eficiencia. Debe mostrar rostros concretos: familia que accede a vivienda, pyme que contrata, trabajador que formaliza empleo, región que reconstruye infraestructura, niño cuya alimentación escolar se protege y mejora.
Diversos son los criterios que se pueden extraer de la lectura de las autoras mencionadas.
Primer criterio: la comunicación debe estar alineada con el propósito de gobierno.
Entender la comunicación pública como una dimensión que debe estar conectada con el objetivo institucional. No se trata de “defender al Gobierno” todos los días, sino de hacer comprensible el sentido de la acción gubernamental.
En el caso del Gobierno, el propósito político declarado parece ser la reconstrucción económica, institucional y fiscal del país. El problema es que ese propósito aún no se ha traducido en una pedagogía pública suficiente. La ciudadanía no distingue necesariamente entre ajuste, eficiencia, eliminación, reformulación, priorización o auditoría. Para un economista, “revisar programas” puede significar evaluación de desempeño; para una familia vulnerable, puede sonar a pérdida de protección social.
La corrección de esa brecha semántica, resulta necesaria. El primer deber comunicacional no es contestar críticas, sino fijar el sentido del proyecto. La pregunta central debe ser: ¿qué está reconstruyendo el Gobierno, por qué, con qué límites y en favor de quién?
Segundo criterio: profesionalización de competencias.
Subrayar que los comunicadores gubernamentales requieren competencias profesionales específicas. No basta la lealtad política, la cercanía presidencial o la eficacia en campaña. Gobernar exige otro registro.
Aquí aparece una diferencia decisiva entre campaña y gobierno. En campaña, la comunicación busca contraste, movilización, simplificación y adhesión. En el gobierno, debe generar confianza, comprensión, estabilidad y autoridad. Los voceros deben ser intérpretes políticos del Gobierno ante la nación y para una tarea semejante, resulta necesario poseer una cultura profunda, una excelente capacidad de análisis político y las virtudes propias de un buen comunicador.
Los episodios de errores en redes sociales, incluyendo publicaciones eliminadas por faltas ortográficas, pueden parecer menores. Sin embargo, en la comunicación gubernamental, la forma importa porque comunica profesionalismo, cuidado y autoridad. Un gobierno que promete orden no puede permitirse una comunicación descuidada.
Tercer criterio: planificación estratégica.
El Gobierno parece haber buscado una comunicación centralizada. Esa decisión tiene sentido en una administración que busca disciplina de mensaje, pero la centralización no equivale por sí sola a estrategia.
Una estrategia comunicacional debe definir: Qué quiere instalar el Gobierno. Qué públicos deben comprenderlo. Qué resistencias previsibles aparecerán. Qué palabras deben evitarse. Qué ministros pueden hablar. Qué datos respaldan cada afirmación. Qué medidas requieren relato humano, no solo técnico.
El caso Dipres muestra que el Gobierno necesita un sistema de anticipación. Antes de que un documento sensible circule, debe existir una matriz de riesgo comunicacional. No basta saber si una decisión es técnicamente defendible. Hay que saber cómo será leída por la ciudadanía, por la oposición, por los medios, por los beneficiarios y por los propios parlamentarios oficialistas.
Cuarto criterio: coordinación interna.
La importancia de la coordinación es fundamental. En comunicación gubernamental, una contradicción entre ministros, asesores, voceros y documentos oficiales daña más que una crítica opositora.
En este punto, el Gobierno enfrenta un riesgo claro: la existencia de varios centros comunicacionales. Presidencia, Ministerio del Interior, Segundo Piso, SECOM, ministros sectoriales, parlamentarios oficialistas y redes digitales pueden terminar hablando con acentos distintos. La prensa ha recogido cuestionamientos al Segundo Piso y a la falta de “oficio político” en el núcleo presidencial.
La vocería necesita autoridad coordinadora real. No puede limitarse a leer minutas preparadas por otros. Debe participar antes de la decisión política, no después de la crisis. Toda política relevante debiera pasar por una revisión comunicacional previa, que no altere su contenido técnico, pero sí ordene su sentido político.
Quinto criterio: investigación y escucha.
Un error frecuente de los gobiernos fuertes es confundir claridad doctrinal con comprensión ciudadana. En este sentido hay que insistir en la necesidad de investigación, análisis de públicos y evaluación del entorno. La comunicación no puede basarse solo en intuición política.
El Gobierno necesita instalar un sistema permanente de escucha social. No solo encuestas de aprobación, sino análisis cualitativo de percepciones. Por ejemplo, ante el Plan de Reconstrucción Nacional, conviene medir semanalmente si la ciudadanía asocia la reforma con empleo, inversión y recuperación, o si la asocia con recortes, beneficios empresariales y pérdida de protección social.
Esa medición debe alimentar las vocerías. No se trata de gobernar por encuestas, sino de saber qué parte del mensaje no está siendo entendida.
Sexto criterio: segmentación de públicos
La comunicación gubernamental no puede hablarle a “la ciudadanía” como si fuera un bloque homogéneo. Resulta obligado pensar en públicos diferenciados. Más aun, cuando el concepto de opinión pública está en entredicho desde hace algún tiempo.
Para el Gobierno, al menos existen seis públicos estratégicos: La base electoral propia, que espera firmeza, orden y cumplimiento. El chileno de a pie, que exige responsabilidad, sencillez en el lenguaje, estabilidad y prudencia. Los sectores más desfavorecidos por la fortuna, que temen perder beneficios sociales. El mundo empresarial, que espera señales de inversión y certeza regulatoria. El Congreso, donde se juega la viabilidad legislativa. Los funcionarios públicos, que pueden sentirse amenazados por el discurso de ajuste.
Cada público requiere un énfasis distinto, pero no un mensaje contradictorio. La clave es una narrativa común con traducciones específicas. El mismo Plan de Reconstrucción puede comunicarse como responsabilidad fiscal ante empresarios, protección de prioridades sociales ante familias, eficiencia ante contribuyentes, y recuperación institucional ante el Congreso.
Séptimo criterio: evaluación
No se puede concebir la comunicación como intuición artística, sino como gestión evaluable. Por eso, los responsables de la comunicación gubernamental deben medir resultados. No basta contar apariciones en prensa. Se requieren indicadores como: Comprensión ciudadana de las principales medidas. Nivel de confianza en la vocera. Coherencia percibida entre Presidente y ministros. Capacidad de anticipar crisis. Tiempo de respuesta ante controversias. Corrección de errores antes de publicación. Percepción de sensibilidad social.
En la comunicación gubernamental, sin evaluación, cada crisis parece nueva. Con evaluación, cada crisis se convierte en aprendizaje institucional.
Cuestión de fondo: del relato de combate al relato de conducción.
El Gobierno parece haber heredado una comunicación eficaz para el conflicto político, pero todavía está ajustando una comunicación apta para la conducción del gobierno. Ese tránsito es decisivo.
La oposición puede vivir de denunciar. El Gobierno no. El Gobierno debe explicar, resolver y generar confianza. La palabra presidencial y ministerial ya no pertenece al campo de la disputa electoral, sino al ámbito de la autoridad pública.
Por eso, expresiones como “Estado quebrado”, “recortes”, “ajuste”, “eliminación” o “ineficiencia” deben ser tratadas con mucha cautela. Pueden ser verdaderas en algún sentido técnico, pero inadecuadas si no se insertan en una narrativa de protección, responsabilidad y bien común.
Consideraciones finales
La comunicación del Gobierno requiere pasar de la centralización a la profesionalización. Centralizar puede ordenar, pero no basta. La comunicación gubernamental necesita propósito, competencias, planificación, coordinación, escucha, segmentación y evaluación.
La comunicación gubernamental debe asumir que su tarea no es únicamente apagar incendios. Su tarea es custodiar el sentido público del Gobierno. En política, una decisión mal comunicada puede volverse injusta a los ojos de la ciudadanía, aunque sea técnicamente correcta. Y una decisión necesaria puede parecer cruel si nadie la explica con prudencia, verdad y humanidad.
El Gobierno tiene relato. Tiene agenda. Tiene dirección. Pero necesita convertir todo eso en una comunicación gubernamental con sentido y propósito.
Dos consideraciones finales:
Distinguir la gestión o administración con dirigir y gobernar, es una enseñanza que nunca debe ser desatendida, pues se gestionan o administran cosas y se dirigen o gobiernan personas. De este modo, se entiende que la gestión o administración está al servicio de las personas.
La política tiene un sentido arquitectónico, ordenador de la gestión técnica de los gobiernos, por lo que la dimensión técnica, es decir, la gestión y administración del ejercicio gubernamental, debe subordinarse a la dimensión política, pues esta es la que da sentido a la acción del gobierno, generando confianza en los gobernados, clave para la seguridad y libertad vividas en cuanto propósitos fundamentales del gobierno.
01 de mayo de 2026.
Fuentes
María José Canel Crespo: «La Comunicación de la Administración Pública. Para gobernar con la sociedad». Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2018.
Gregory, A. (2006) A development framewok for government communicators. Journal o Communicartions Management, 10(2), 197-210.
https://doi.org/10.1108/13632540610664742
Vos,M. (2006) A development framewok for government communicators. Journal o Communicartions Management, 10(3), 250-258.
https://doi.org/10.1108/13632540610681105
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: clubpolites@gmail.com