Chile enfrenta presiones simultáneas: declive demográfico, inseguridad creciente, fatiga institucional y fragmentación cultural. El balance del gobierno de Boric no se medirá solo en cifras económicas o reformas legales, sino en si el país logra salir de este período con instituciones más fuertes y un lenguaje político anclado en la dignidad de la persona humana.
La administración de Gabriel Boric representa algo más que un relevo generacional. Refleja la consolidación de un constructivismo antropológico presente en parte del mundo occidental. Bajo este paradigma, la naturaleza humana deja de considerarse una realidad dada y pasa a entenderse como un campo abierto a redefiniciones mediante el lenguaje de derechos, identidades y mediaciones estatales. Este desplazamiento no es solo teórico. Sus efectos se observan en diversos ámbitos de la vida social.
El primer deber de la autoridad política es proteger la vida humana. Chile ha experimentado una transformación en su escenario de seguridad. El informe nacional de homicidios de 2024 registró 1,207 víctimas y una tasa de 6.0 por cada 100,000 habitantes, niveles que hace una década habrían parecido inconcebibles en un país considerado relativamente seguro. A pesar de reformas legales destinadas a fortalecer la acción policial y combatir el crimen organizado, la respuesta institucional ha sido tardía. Cuando el homicidio se estabiliza en niveles elevados, la promesa básica del Estado —la seguridad cotidiana— se debilita.
En el otro extremo del arco vital aparece el debate sobre el aborto. Sectores del oficialismo han impulsado ampliar su legalización más allá del régimen de tres causales. La legislación vigente desde 2017 ya permite el aborto en determinados casos y miles de procedimientos se han realizado en el sistema público. Sin embargo, el énfasis político se ha orientado más hacia la autonomía individual que hacia políticas de apoyo a la maternidad vulnerable.
La salud pública ofrece otra perspectiva. El sistema sanitario continúa operando con extensas listas de espera, un problema estructural que antecede a este gobierno. La controversia generada por pacientes fallecidos mientras aguardaban atención médica consolidó una inquietud pública creciente. Para muchos ciudadanos, las garantías sanitarias prometidas terminan diluyéndose en demoras burocráticas prolongadas.
La demografía constituye un indicador silencioso. La tasa de fecundidad chilena ha caído a mínimos históricos, cerca de 1.16 hijos por mujer. Ninguna sociedad puede sostener indefinidamente su sistema previsional ni su dinamismo económico bajo una contracción demográfica de esa magnitud. Sin embargo, la política familiar ha permanecido fragmentaria.
La política de vivienda muestra otra dificultad. El plan gubernamental de construir 260,000 viviendas ha registrado avances, pero quedó marcado por el escándalo de los convenios, que reveló transferencias irregulares a fundaciones cercanas al oficialismo. Estos episodios no solo implican mal uso de recursos públicos; también erosionan la confianza social.
En el ámbito laboral, el empleo se recuperó tras la pandemia, pero la informalidad continúa elevada, cercana al 27 por ciento. Esta situación refleja la tensión entre las aspiraciones redistributivas del debate político y las condiciones necesarias para una economía productiva.
La educación evidencia la dimensión cultural del momento. Los esfuerzos por mejorar los aprendizajes conviven con ausentismo persistente, violencia escolar y creciente fatiga institucional. El debate educativo se desplaza desde los resultados académicos hacia cuestiones de autoridad y disciplina.
Las presiones migratorias han añadido complejidad al panorama nacional. Tras el peak de cruces irregulares entre 2022 y 2023, el gobierno endureció las medidas de control, aunque los efectos sociales del influjo demográfico ya se sienten en diversas comunidades.
Las democracias suelen atravesar ciclos de errores y promesas excesivas. La cuestión decisiva es si existe un horizonte antropológico capaz de orientar el rumbo político.
Aquí reside la ambigüedad central del período. El gobierno ha oscilado entre una retórica transformadora y el pragmatismo impuesto por restricciones económicas y de seguridad. El resultado no ha sido un colapso institucional, pero sí una sensación persistente de incertidumbre.
Juan Pablo II advirtió que una democracia desvinculada de referencias morales objetivas corre el riesgo de deslizarse hacia formas de totalitarismo apenas disimulado.
Chile enfrenta presiones simultáneas: declive demográfico, inseguridad creciente, fatiga institucional y fragmentación cultural. El balance del gobierno de Boric no se medirá solo en cifras económicas o reformas legales, sino en si el país logra salir de este período con instituciones más fuertes y un lenguaje político anclado en la dignidad de la persona humana.
La Prensa Gráfica, 11 de marzo de 2026
https://www.laprensagrafica.com/opinion/balance-del-gobierno-de-gabriel-boric-20260309-0072.html#
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: clubpolites@gmail.com