El republicanismo antes de Maquiavelo

Cada cierto tiempo reaparece una vieja confusión en el debate político chileno. Se identifica el republicanismo con Maquiavelo, con la libertad entendida como no dominación o, más recientemente, con el neorrepublicanismo desarrollado por autores contemporáneos como Quentin Skinner o Philip Pettit. A partir de esa premisa suele concluirse que el Partido Republicano chileno no sería verdaderamente republicano porque no comparte esos postulados. El problema es que toda esa discusión descansa sobre un error histórico e intelectual de cierta magnitud.

El republicanismo no nace con Maquiavelo.

Cuando Nicolás Maquiavelo escribe los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, a comienzos del siglo XVI, la tradición republicana llevaba casi dos mil años de desarrollo. Antes de él se encuentran la Política de Aristóteles, la República y Las Leyes de Platón, la República y De officiis de Cicerón, las reflexiones de Polibio sobre la constitución mixta, la tradición jurídica romana, el pensamiento político medieval y una extensa experiencia municipal que había concebido la comunidad política como una realidad orientada al bien común mucho antes del Renacimiento italiano.

Por eso resulta impropio presentar a Maquiavelo como fundador del republicanismo. Lo que él realiza es una profunda reinterpretación de una tradición mucho más antigua. Su originalidad consiste precisamente en modificar algunos de sus presupuestos fundamentales.

La diferencia no es irrelevante.

Para Aristóteles, la ciudad existe para hacer posible la vida buena. La política pertenece al ámbito de la ética porque ambas buscan el perfeccionamiento humano. La libertad nunca aparece desligada de la virtud. Ser libre no significa simplemente carecer de dominación, sino vivir conforme a la razón y participar responsablemente en la comunidad política. El ciudadano no se define únicamente por sus derechos, sino también por sus deberes respecto del bien común.

Cicerón desarrollará esa misma idea desde la experiencia romana. La res publica no pertenece al gobernante ni a una mayoría circunstancial. Es una comunidad de personas unidas por el derecho y por la búsqueda compartida de aquello que beneficia a todos. El fundamento de la República no es el conflicto permanente ni la mera agregación de intereses individuales, sino la justicia y la amistad cívica.

Es precisamente en esta tradición que el republicanismo clásico no puede reducirse a una determinada teoría de la libertad. Constituye una antropología política más amplia. Parte de una determinada comprensión del hombre, reconoce la existencia del bien común como fin propio de la comunidad política y considera que ninguna República puede sobrevivir sin virtud cívica, responsabilidad, educación y participación.

Desde esta perspectiva, la pregunta relevante deja de ser cuánta intervención estatal resulta legítima o cómo impedir toda forma de dominación arbitraria. La cuestión verdaderamente republicana consiste en preguntarse qué tipo de ciudadanos necesita una República para conservar su libertad.

La respuesta clásica resulta muy actual.

Las instituciones no viven únicamente de leyes. Viven también de hábitos, de convicciones compartidas y de una determinada calidad moral de quienes las integran. Ninguna constitución puede sustituir la prudencia de un gobernante. Ningún sistema electoral reemplaza la honestidad de los ciudadanos. Ningún procedimiento democrático compensa la desaparición de la amistad cívica. La República depende, antes que nada, del carácter de quienes la sostienen.

Aquí aparece una diferencia decisiva respecto de ciertas formulaciones modernas del republicanismo.

El llamado neorrepublicanismo ha puesto el acento en la libertad entendida como ausencia de dominación arbitraria. Se trata de una aportación valiosa para comprender determinados problemas contemporáneos. Sin embargo, convertir esa idea en el fundamento mismo del republicanismo supone invertir el orden de la tradición clásica. Para Aristóteles o Cicerón la libertad no constituye el punto de partida, sino una consecuencia del orden político justo. Antes de preguntarse cómo proteger la libertad, se preguntan qué hace posible una comunidad verdaderamente humana.

Esta diferencia ayuda también a comprender un equívoco frecuente en la política chilena.

El Partido Republicano no recibe su nombre porque pretenda continuar el republicanismo maquiaveliano ni porque adopte las tesis del neorrepublicanismo anglosajón, menos que se identifique con el republicanismo del presidente Trump. Su identidad intelectual, hasta donde uno puede ver, proviene de otra tradición, donde confluyen el constitucionalismo chileno, el pensamiento conservador, la doctrina social cristiana, ciertos elementos del liberalismo económico y una comprensión del bien común que hunde sus raíces en la filosofía política clásica.

Eso no significa que toda su actuación sea necesariamente republicana. Ningún partido puede apropiarse de una tradición filosófica por el simple hecho de incorporarla a su nombre. Un partido será verdaderamente republicano en la medida en que promueva la virtud cívica, respete la división de los poderes públicos, favorezca la deliberación racional y subordine sus intereses particulares al bien común, etc. El nombre nunca reemplaza al contenido.

Precisamente por eso resulta insuficiente evaluar a un partido preguntándose únicamente si expresa con claridad sus ideas o si mantiene coherencia con su programa. Todo ello es importante. Pero la tradición republicana exige algo más. Exige preguntarse si contribuye efectivamente a fortalecer la República.

La misión de un partido político no consiste solamente en competir por el poder. Debe formar dirigentes, educar ciudadanos, cultivar hábitos de responsabilidad pública y enriquecer la deliberación democrática. Cuando renuncia a esa tarea, deja de ser un cuerpo intermedio al servicio de la comunidad para convertirse en una simple maquinaria electoral.

Quizá esta sea la principal enseñanza del republicanismo clásico para nuestro tiempo. La República no comienza en las instituciones ni termina en ellas. Comienza mucho antes, en una determinada comprensión del hombre y de la sociedad, de la libertad, de la autoridad y del bien común. Solo sobre ese fundamento pueden edificarse leyes justas y gobiernos prudentes que favorecen la posibilidad de alcanzar la plenitud humana en sociedad.

Olvidar esa tradición conduce inevitablemente a empobrecer el concepto mismo de República. Cuando la historia de las ideas se simplifica hasta ese punto, también el debate político termina perdiendo la profundidad que una democracia necesita para comprenderse a sí misma.